René Vega Giles
Los Servicios de Salud del Estado de Morelos, otorgó un contrato durante tres meses, por 15 millones de pesos a la empresa Electro Mobility S.A de C.V, para la vigilancia de los hospitales del estado de Morelos, quienes violan los derechos laborales de sus trabajadores y los obligan a firmar pagarés en blanco, a fin de despojarlos de sus viviendas.
Lo anterior con el apoyo del Tribunal Superior Justicia (TSJ), en donde quedó en evidencia la corrupción interna promovida por su propio magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, quien está señalado y acusado de acoso laboral, sexual y violación.
Una extrabajadora de la empresa de seguridad privada, de nombre Bertha Alarcón Guerrero, -quien fue despedida injustificadamente-, promovió la demanda laboral correspondiente, y obtuvo la razón por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del estado de Morelos, y tuvo que ser finiquitada con 47 mil pesos, pero el abogado del propietario de Electro Mobility S.A. de C.V, Ulises Blanch Bravo y Agustín Ruiz Haro, en conjunto con actuarios del TSJ, se han dedicado al acoso, incluso, en su actual empleo.
El empresario reclama que la extrabajadora le adeuda 650 mil pesos por la firma de un pagaré, pero presentó pruebas que fue bajo acoso laboral para obtener el empleo en el año 2019.
Ante la actualización de los actuarios del Poder Judicial del estado de Morelos, inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra el actuario, Iván Nicolás Mendoza, quien también la mantiene bajo amenaza y abrirá una más ante la Fiscalía General del Estado (FGE) hacia Agustín Ruiz Haro, así como solicitar el amparo de la justicia federal y llevar el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
