René Vega Giles
Mientras que el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, informó que la gobernadora Margarita González Saravia, continúa con la revisión de la reforma al Poder Judicial aprobada por los diputados locales y Cabildos, organizaciones de abogados lamentaron la ignorancia supina de los asesores jurídicos del Congreso local y los integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura local.
Bajo diversos argumentos, los litigantes y especialistas en el marco Constitucional, evidenciaron que “la formación profesional de los asesores de los Diputados del Congreso del Estado, debería ser una garantía para la buena marcha de las labores legislativas, sobre todo, cuando se trata de reformas trascendentes como la denominada Reforma al Poder Judicial”.
Es más, fueron más a fondo: Si la citada Reforma exige que las y los Ministros, las y los Magistrados, Jueces y Juezas de Distrito del Poder Judicial Federal, deberán ser electos por el voto popular, dentro de un proceso democrático, lo mismo sucede para los Poderes Judiciales locales ¿Por qué buscarle diez pies al gato, en el caso del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes?
Incluso, los abogados dieron una explicación jurídicamente constitucional, porque “la reforma judicial aplica a este órgano Jurisdiccional por la simple y sencilla razón de que es un Tribunal que pertenece al Poder Judicial del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución del Estado de Morelos, que establece que el ejercicio del Poder Judicial del estado, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia; en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes; en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados menores y especializados.
…Si en el Congreso del estado lo que se trataba era de alinear la Constitución local a la Federal, lo mínimo que se requería para empezar, era analizar lo dispuesto por esta norma Constitucional, que contiene el punto medular de la Reforma aludida, es decir, a quién va dirigida, el omitir a uno de los dos Tribunales del Poder Judicial no encuentra justificación cuando el tema aquí, es precisamente el derecho ciudadano a elegir libremente y por votación a la totalidad de las y los Jueces de cualquier nivel que pertenezcan al Poder Judicial.
Y enfatizaron: “Por si existe duda sobre este tema, en el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los Tribunales Especializados en Justicia para Adolescentes, deben pertenecer a los Poderes Judiciales del Estado Mexicano. De ahí que 31 de los Estados de la República, así como la Ciudad de México, cuenten actualmente, con Salas y Juzgados Especializados en Adolescentes que pertenecen a los Poderes Judiciales locales; incluso, en el estado de Durango, existe el “Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado”, integrado al organigrama del Tribunal Superior de Justicia, y que, como consecuencia, el Magistrado y los Jueces Especializados se incluyeron en la convocatoria de los tres Poderes del Estado de Durango publicada el 19 de diciembre de 2024, para la correspondiente elección”.
Finalmente, insistieron que la profesionalización de los asesores del Congreso del estado, es ineludible para garantizar un eficiente trabajo legislativo, “ya vimos que la buena fe con la que escuchan a sus interlocutores, no es suficiente”.
